Monopolio, Duopolio o difusor de debates, CIRT en la encrucijada

Transcribo un comunicado de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión...

.A la opinión pública

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha sido la precursora en la realización de debates entre candidatos a cargos de elección. Esta práctica la iniciamos con debates entre candidatos presidenciales, en mayo de 1994, lo que ha sucedido ininterrumpidamente. Además, de realizar muchos otros debates en elecciones estatales.

Sin embargo, ante restricciones ordenadas en decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresamente señalan que “los debates no están amparados en la libertad de expresión ni en la libertad periodística” y las subsecuentes sanciones impuestas por el Instituto Federal Electoral a una estación radiodifundida que realizó debates de manera gratuita, es que la CIRT ha presentado el día de hoy una consulta formal al IFE.

En la Consulta se solicita se respondan algunas preguntas básicas, tales como:

1-     ¿Los debates están amparados en la actividad periodística?

2-     Cuando se transmite un debate íntegramente ¿se suspenden la transmisión de los tiempos oficiales (spots) de Partidos Políticos?

3-     ¿Los debates sólo pueden ser organizados por Partidos y/o por Autoridades Electorales?

4-     ¿Cuáles son los formatos permitidos?

5-     En relación con el criterio de “sistematicidad”, ¿existe un límite al número de debates que se podrían transmitir?

6-     ¿Se debe de invitar a todos los precandidatos? ¿Qué acontece con los precandidatos únicos?

7-     ¿Se pueden transmitir debates en periodo de inter-campañas?

8-     ¿Un debate para la elección en una circunscripción determinada se puede transmitir en una zona geográfica más amplia o distinta?

Por lo anterior, hemos solicitado una definición formal sobre “Debates” a la Autoridad electoral para contar con una elemental seguridad jurídica.

La emisión de lineamientos se vuelven aún más importantes a partir de fallos emitidos el día de ayer por el Tribunal (SUP-RAP 573 y 574) en los cuales ordena se investigue a todas las estaciones de radiodifusión -locales y nacionales-, así como de televisión restringida que dieron alguna entrevista a los candidatos a la gubernatura de Michoacán.

El IFE había desechado cualquier investigación al estar las entrevistas periodísticas permitidas. Pero ahora el Tribunal ha ordenado se investiguen a más de 60 estaciones por el simple hecho de dar entrevistas. En la sentencia se citan, para investigación, las entrevistas hechas por los siguientes comunicadores: Joaquín López Doriga, Carlos Monge, Sabine Berman, Paola Rojas, Sergio Sarmiento, José Cárdenas, Salvador Camarena, Oscar Mario Beteta, Mario Campos, Ciro Gomez Leyva, Eduardo Ruiz-Healy, Ricardo Rocha, Julio Hernandez, Carlos Marín, Leonardo Curzio, Marisa Iglesias, Carmen Aristegui, Pablo Hiriart, Ezra Shabot, Javier Solórzano, Jorge Zarza, entre muchos otros.

¿Con qué certeza pretenden las autoridades electorales se realicen debates y entrevistas periodísticas?

Los fallos son inocultables y requerimos respuestas formales, no meras declaraciones, pues los cientos de investigaciones que están en curso y las sanciones que se han impuesto claramente son un atentado a la libertad de expresión en México.

ahora transcribo una carta combativa de la Asociación Mexicana de derecho a la Información:

ESCRÍBELES A LOS COMISIONADOS DE LA CFC

17 razones para rechazar la fusión Televisa-Iusacell

En los próximos días la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) resolverá la alianza Televisa-Iusacell, según la cual la primera compraría 50 por ciento de las acciones de la filial de TV Azteca. Esta concentración de las dos principales empresas que producen y comercializan programas de televisión constituye una amenaza seria a la competencia y a la posibilidad de contar con un sistema de medios de comunicación plural, diverso y democrático. A continuación te presentamos

17 razones para rechazar la fusión Televisa-Iusacell

1. La Constitución política de nuestro país prohíbe los monopolios y las prácticas anticompetitivas y obliga a las autoridades a perseguir con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos.  

2. Corresponde a la Cofeco proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

3. La alianza Televisa-Iusacell constituye una amenaza a la política de competencia del Estado mexicano, viola el artículo 28 constitucional que prohíbe los monopolios y transgrede flagrantemente la Ley Federal de Competencia Económica, recientemente reformada para fortalecer al organismo regulador.  

4. La negociación se produjo sin la aprobación de la autoridad, se anunció ante autoridades financieras de Estados Unidos y México y ya ha comenzado a operar en la realidad con la convergencia de intereses creados en el negocio de la televisión, por lo que debiera ser investigada de oficio.  

5. La fusión no beneficia a los usuarios de servicios de telecomunicaciones, no traería inversiones nuevas al sector, no impulsaría el desarrollo de la industria y tornaría más complejo fracturar el de por sí concentrado entorno que existe en la radiodifusión en México.  

6. Televisa y TV Azteca participan del mismo mercado de la televisión abierta, donde debieran ser competidores y no socios.

7. Concentran 88% de todas las concesiones de televisión abierta.

8. Tienen 51% de todos los canales espejo de televisión digital.

9. Acaparan 94.4% de la audiencia televisiva nacional.

10. Se apoderan del 58% del total de la inversión publicitaria en México.

11. Reciben cada año 30% del gasto de comunicación social federal.

12. Atenta contra el derecho a la información consagrado en el artículo sexto de la Carta Magna, afecta la pluralidad de voces, ideas y puntos de vista expresados en los medios de comunicación y degrada la diversidad y calidad de contenidos.

13. Cancelaría la posibilidad de contar con un sistema de medios de comunicación democrático, pues ambos consorcios verían crecer aún más sus recursos e influencia económica y política.

14. En ningún país del mundo la ley autoriza tanta concentración de recursos comunicaciones.

15. Desplazaría a otros agentes económicos, haría converger de facto los intereses de Televisa y TV Azteca en diversas industrias, limitaría el acceso a las bandas del espectro radioeléctrico, acapararía el mercado de la publicidad no sólo para TV sino también para otros medios y les permitiría realizar prácticas monopólicas como alza de tarifas publicitarias y de servicios.

16. Han impedido que el Congreso de la Unión reforme el obsoleto régimen jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones y violan sistemáticamente diversos ordenamientos legales en la materia, electorales y de transmisión publicitaria.

17. En sus expedientes constan sanciones de la Secretaría de Gobernación por violar la Ley Federal de Radio y Televisión, de publicidad en materia de salud por transmitir “productos milagro” y la legislación electoral por desacatar esta regulación.

¿qué papel juegan los concesionarios en el poderío político, económico y social?

Ahora que conocemos tanto el comunicado que la CIRT expresa al Tribunal Electoral en función de ser respetada como cámara difusora de debates en tiempos electorales, como conocemos la lista de 17 puntos por los cuales la asociación Mexicana de Derecho a la Información AMEDI para negarse a la fusión entre Televisa y la compañía IUSACEL, es necesario analizar tanto la encrucijada que viven los concesionarios de radio y televisión, como los académicos e intelectuales en el derecho a debatir acerca del manejo del derecho a la información.


Los concesionarios sin duda han realizado debates públicos entre candidatos a puestos de elección popular, y es incongruente que ahora el IFE sea tan ambiguo al respecto.
Y por otro lado, resulta válido que ante una posible advenimiento del monopolio entre la empresa de telefonía y Televisa los académicos protesten.


Con sabiduría el especialista en análisis político José Antonio Sosa Plata asevera que la organización y difusión de debates públicos de parte de los integrantes de la CIRT es un ejercicio de pluralidad que data de 1994, pero también recalca esta forma de "maniatar" a los concesionarios en bien de no dejar en manos de nadie la vivencia del debate como instrumento que pudiera desencadenar el cambio de tendencias del votante...


TENER DERECHO A DECIR, TENER DERECHO A EMITIR


AMEDI se inconforma, con justa razón, respecto al posible crecimiento del monopolio empresarial entre telefónicas, holdings de la comunicación e incluso, de forma indirecta, entre antiguos enemigos empresariales: TV Azteca y Televisa, pero no es congruente en tanto no llama a realizar herramientas de debate público, sino a que los especialistas en análisis político sólo hagamos cartas al ejecutivo federal para manifestar nuestra adhesión a reprobar tanto a la CIRT, como a IUSACEL y TELEVISA, lo que habla al fin de cuentas, de una falta de sentido del valor de la tolerancia, de conocimientos sobre las herramientas para hacer intercambio de ideas, o lo que es lo mismo, de debate para argumentar y contraargumentar tanto el uso de los tiempos electorales o privados de las emisoras de radio y televisión para transmitir intercambio de ideas, ideales y posturas políticas entre candidatos a puestos de elección popular, como ante su legítimo derecho de comercialización empresarial, claro, respetando la pertinencia que otorgue o no la Comisión Federal de Competencia.


Mi postura, aclaro, en nada ataca a la AMEDI, ni a la CIRT, o a la  Comisión Federal de Competencia, sólo sirve para cuestionar la pertinencia de que permitamos el libre ejercicio del debate , del intercambio de posturas e ideales, pero sobre todo, es una invitación a que seamos partícipes todos del ejercicio de la observación activa como ciudadanos, como seres actuantes ante los sucesos políticos, comunicacionales y empresariales de México.
¡Bueno, eso, eso digo yo!